Publicado el 15/05/2005 a las 22:00
La libertad de expresión y la transparencia se presume desde el oficialismo pero, a la vez, se
regatea. El juego de palabras enrarece el clima político y el resultado es desastroso: el
inversionista duda y la población ya no entiende qué está pasando
La semana pasada apunté que la mayoría de las industrias organizadas en el sector de las
telecomunicaciones habían enviado al secretario del ramo, Pedro Cerisola, una misiva, el 26 de
abril, para expresar “nuestra profunda preocupación” por el anteproyecto de reglamento de
comercializadoras que se pretende expedir.
De la oscuridad de la preparación del documento y de la ignorancia de sus fundamentos la
autoridad pasó, ahora, a la desatención de las quejas de los industriales.
En reunión celebrada el pasado lunes en la Subsecretaría de Comunicaciones y a la que
asistieron los representantes de las cámaras y asociaciones de telecomunicaciones, televisión por
cable y trunking, el subsecretario Álvarez Hoth, acompañado por el presidente de la Cofetel,
Jorge Arredondo, y la autora material del anteproyecto y comisionada jurídica del regulador, Clara
Luz Álvarez, escucharon las preocupaciones pero no cedieron. Para ellos, su anteproyecto es
impecable, tiene fundamentos y lógica. Va para adelante pues. Ah, pero eso sí, “ni una palabra en
los medios, por favor. No queremos que el asunto se ventile”.
Y es que obligar a los concesionarios a ceder su infraestructura, capacidad y servicios, sobre
bases no discriminatorias a cualquier permisionario que simplemente lo solicite, es un
despropósito e incongruente con las razones de la apertura a la inversión y a la competencia en
México.
El reglamento, así, no pasará y gracias a la legislación en materia de transparencia y de mejora
regulatoria, y a la libertad de expresión y de prensa, por supuesto que el asunto seguirá
ventilándose públicamente.
Bernardo Gómez y la NABA
Lo que aquí se condena afuera se reconoce. Un reglamento y un decreto presidencial que el 10
de octubre de 2002 mereció agrias críticas de quienes, dos meses después, prepararían el
supuesto proyecto ciudadano que encarnó en iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión bajo
la tutela del senador Javier Corral y cuyo destino ya conocemos, hoy merecen el reconocimiento
de la agrupación de radiodifusores y televisoras más importante de la región.
En efecto. Esta noche, en Toronto, Bernardo Gómez recibirá por parte de la NABA (North
American Broadcasters Association), el Premio al Mérito Internacional que, año con año, otorga
esa congregación a quien es considerado como el personaje más destacado en el cumplimiento
de los fines y defensor de los principios que animaron la constitución de dicha asociación en 1972.
Así, la NABA reconoce que Bernardo (el galardonado más joven) como presidente de la CIRT en la
época en que se expidieron ambos instrumentos reglamentarios, tuvo un papel relevante en dar
fin al discrecional manejo de los tiempos oficiales del famoso 12.5% de la programación para
cambiarlo por una fórmula cierta; en la remoción del contenido de los títulos de concesión de
cualquier condición que amenazara la libertad de expresión, así como en la confección
homogénea de títulos de concesión; en hacer efectivo el derecho de réplica y en la incorporación
de la sociedad civil al Consejo Nacional de Radio y Televisión.
El rescate carretero
Confundido por tratar de exhibir a diario las miserias del populismo, ahora el presidente Fox
arremetió contra el rescate carretero y señaló, que junto con el Fobaproa son una herencia
costosa, una onerosa carga para los mexicanos y, desde luego, para el presupuesto federal.
Quienes se encargan de prepararle los discursos al Presidente o quienes le hablan al oído,
debieran actuar con mayor seriedad y responsabilidad para no enredar más al primer mandatario
ni a la población en general.
El rescate de 23 concesiones, decretado en agosto de 1997 no implicó entonces, ni supone ahora,
ni nos llevará en el futuro, a nada cercano al desembolso presupuestal para pagar deudas por
esos proyectos carreteros. Con el rescate, el Estado reasumió la operación de las carreteras y
puso el manejo de los peajes en un fideicomiso en Banobras. La deuda, reestructurada a 30 años,
se paga puntualmente con las cuotas que, por cierto, bajaron con motivo del rescate. Ello permitió
que más gente utilizara las autopistas para, así, con aforos superiores generar ingresos también
crecientes. Más aún. Se estima que la deuda será liquidada al año 22 y no hasta el trigésimo,
como está documentada. Y eso se hará, insisto, con el producto de las cuotas y no con recursos
presupuestales. A los inversionistas no se les dio un clavo y las carreteras ahí siguen. ¿Está claro?
El valiente y el farsante
El secretario de Gobernación vuelve a la carga y le contesta fuerte al embajador Tony Garza, por
sus declaraciones recientes en el foro Hemispheria, celebrado en Monterrey.
Además de que lo dicho por Garza es estrictamente cierto, ya vimos lo que le cuesta al país que
su ministro del interior ande asumiendo posiciones que son atribución exclusiva del canciller.
La promulgación de la Ley Antiinmigrante en Estados Unidos tiene, sin duda, una buena dosis de
respuesta a las valentonadas verbales de Creel quien, previo baile de danzón en Bucareli, supone
que, con ese tono, cambiará la percepción pública que sobre él se tiene en el manejo de los
asuntos espinosos del país. ¿Remember Atenco?
Y el que López Obrador use relojes caros o trajes de marca nos debe tener sin cuidado. Está en
su derecho. El problema es que cuando se es farsante y se presume de una austeridad
republicana que luego es encuerada como vulgar simulación, el discurso se cae. Y la honestidad
valiente también.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/48090.html