Publicado el 25/08/2017 a las 22:00
Lo que pasa en Venezuela no es exclusivo de los venezolanos. En el contexto global los derechos
humanos fundamentales son concebidos en su universalidad, por encima de concepciones
locales o domésticas, y siempre en atención al principio básico de respeto a la dignidad humana.
Cierto es que el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que en la conducción de la política exterior, el Poder Ejecutivo observará los
principios normativos de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica
de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Sí. Pero desde 2002 se adicionó el principio de
“la promoción y protección de los derechos humanos y de los valores democráticos”.
Esto viene a cuento porque vemos a diario que ante un firme posicionamiento del Gobierno de la
República, de la cancillería, de su titular Luis Videgaray y de muchos más que nos hemos
pronunciado contra el autoritarismo del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, vienen bobas
respuestas que, por un lado, buscan que guardemos silencio ante la crisis en aquel país y
atendamos primero los múltiples problemas que aquejan a México. Y, por otro lado, nos
pretenden dar clases de diplomacia al traer a colación la Doctrina Estrada. Nada más alejado de
la realidad del siglo XXI.
Lo que pasa en Venezuela es una auténtica crisis en todas sus vertientes: social, política,
económica, e institucional. Nicolás Maduro ha dado claras muestras de ignorancia y autoritarismo.
Desconoce por igual al poder judicial que a la Asamblea Nacional. Convoca e instala, de manera
espuria, una nueva Asamblea Constituyente, integrada por sus allegados, para que redacten un
salvoconducto para perpetuarse en el poder. El primer acto de este bodrio constituyente fue
desplazar a la valiente Fiscal General, Luisa Ortega.
En Venezuela hay carestía pero no hay libertad de expresión. Hay fuerza y poder pero no hay
autoridad moral ni legitimidad. Por ello, hace bien Luis Almagro al conducir a la Organización de
Estados Americanos hacia una condena por lo que ocurre en Venezuela. Hizo bien el Gobierno de
México, junto con el de Estados Unidos y tantos más al desconocer la aberrante Asamblea
Constituyente de Venezuela. Bien también por los países que integran el Mercosur al suspender a
Venezuela de su acuerdo mientras no se restablezca el orden institucional. Y hace bien el pueblo
venezolano en no cansarse, en luchar por recuperar su patria y hacer valer su dignidad.
Dejémonos de estupideces. Claro que tenemos problemas que atender en México y a eso nos
dedicamos todos los días. Pero eso no puede ni debe limitarnos para levantar la voz y exigirle a
Nicolás Maduro, en estridente coro, que restituya y respete los derechos humanos fundamentales
y la dignidad de su gente. Aquí el silencio es más que indiferencia. Silencio es complicidad. Y con
su silencio, López Obrador no respeta la soberanía de Venezuela. Más bien, hace un guiño al
dictador. Por algo será.