Publicado el 27/04/2003 a las 22:00
La semana pasada nos encontramos con dos nuevas actuaciones legislativas que dejan mucho
que desear en el sector de las telecomunicaciones. Una de ellas, proveniente del Poder
Legislativo y, la otra, del Poder Ejecutivo.
Por un lado, lo que los legisladores no pudieron hacer en tres años lo quieren hacer ahora en tres
días. Y todo por lograr, mínimamente, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para
que no se diga que la presente legislatura no trabaja. Esta vez se trata de una nueva iniciativa, la
del diputado priísta, Ángel Artemio Meixueiro González, quien desesperado por la falta de
resultados del Congreso al que pertence, decidió presentar un par de propuestas para reformar y
adicionar la ley vigente.
El problema es que se le vino a ocurrir un poquito tarde y un poquito mal. Tarde porque pareciera
que apenas se dan cuenta de que su enciclopédica iniciativa de nueva ley no tendría los famosos
“consensos” ni, tampoco, los acuerdos suficientes para su concreción, y lo intenta remediar ahora
que estamos a unas horas de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la
legislatura. Mal porque lo que hace el diputado Meixueiro es retomar la iniciativa del 28 de agosto,
o sea, la de la CPT, al menos en el tema del órgano regulador, como si todo mundo estuviera de
acuerdo con ella e ignorando las fallas que acusa dicha iniciativa.
Por lo pronto, comentemos que la iniciativa Meixueiro tiene como virtud el mantener a Cofetel
como órgano desconcentrado de la SCT y no busca absurdas fórmulas de una independencia
mal entendida. Sin embargo, falla al encomendarle objetivos demasiado ambiciosos y ambiguos
al regulador (“el beneficio de la población en general al promover, procurar, impulsar y propiciar?”)
cuando, en realidad, lo que debiera hacer esta autoridad únicamente es regular, supervisar y
sancionar conforme a la ley.
Desafortunadamente, esta nueva iniciativa insiste en el esquema de “doble ventanilla” hasta hoy
prevaleciente y, además, con total incongruencia, plantea que sea el Secretario quien otorgue o
revoque las concesiones mientras que sería la Cofetel quien podría, por sí sola, modificarlas o
autorizar su cesión de derechos.
En este sentido, mejor sería que todo el trámite de concesiones y permisos, desde su solicitud
primera hasta la expedición del título de concesión u oficio correspondiente, se desahogue sólo
en la instancia de la Secretaría por sí misma, mientras que el regulador debiera fungir únicamente
como árbitro (regulador y supervisor) en los distintos mercados del sector, independientemente
de quiénes sean los jugadores.
Entre muchas otras fallas, esta nueva iniciativa propone que las disposiciones administrativas de
carácter general “puedan” ser emitidas mediante procedimientos de consulta, pero no establece
en qué casos, lo cual es discrecional, inoperante e inaceptable en un supuesto esquema de
transparencia. Y, para rematar, establece como requisito para ser comisionado el ser
“profesionales en materias afines al objeto de esta ley” (lástima por el doctor Escalante) y “no
tener conflicto de interés profesional?con empresas dedicadas a las actividades reguladas o
vinculadas a éstas”, claro, según San Mateo.
Por otra parte, resulta que al Ejecutivo Federal se le ocurrió exentar del impuesto especial sobre
servicios de telecomunicaciones (IEPS) a los de radiotelefonía celular de contratos estándares
(sic), siempre y cuando la renta mensual no exceda de 350 pesos y el minuto aire sea de tres
pesos o menos, con 100 minutos mínimos por mes. Esta determinación la toma el Presidente de la
República haciendo a un lado al Congreso con base en el polémico artículo 39 del Código Fiscal
de la Federación, aprovechándose de que nadie podrá estar en contra de la medida y de que los
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrían conceder el amparo a quienes
no resultan los destinatarios de esta norma.
Así, en lugar de impulsar la desaparición del IEPS, el mismo individuo que encarna al Poder
Ejecutivo Federal resulta que, primero, presenta una iniciativa que incluye este gravamen (Ley de
Ingresos), para después argumentar como si no lo hubiera sabido antes que como en los sistemas
de prepago ya había esa exención, ello “ha originado que los usuarios de telefonía celular opten
por este tipo de tarifas (sic), en detrimento de la contratación estándar de dichos servicios,
situación que afecta la productividad de la citada actividad económica”, y decide echar mano de
un fundamento legal cuya razón de ser está muy lejos de servir a este tipo de improvisaciones o
para tapar hoyos provocados por el mismo autor. Es, el 39 del Código Fiscal, el mismo artículo que
en el pasado ha servido para que el Presidente de la República en turno enmiende errores y ceda
a presiones, cuando en realidad trata de dotar a éste de instrumentos para enfrentar situaciones
inéditas, inesperadas y graves. Para que vean que la tentación autoritaria no es exclusividad de
nadie.
Y mientras todo esto sucede ya lo dijo el Secretario Cerisola en su comparecencia del miércoles
la SCT no emitirá su opinión sobre la nueva legislación sobre telecomunicaciones hasta que el
Congreso tenga un proyecto definitivo, ni expresa palabra alguna sobre el famoso IEPS.
Así pues, síganse acumulando iniciativas de todos colores y sabores sin que nada pase; sigan
improvisando políticas fiscales o, de plano, haciéndose los espectadores del palenque, que aquí
estamos todos en el sector, maravillados, de ver tanto sentido de responsabilidad.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/30169.html