Publicado el 11/05/2003 a las 22:00
En varias y diversas ocasiones se ha cuestionado la manera en que la Cofetel actúa frente al reto
de regular y promover el desarrollo eficiente del sector. De hecho, en alguna medida, parte de lo
que ocurre en cuanto a la notoria desaceleración que ha mostrado el ritmo de inversiones y el
crecimiento en la industria se explica por la falta de certidumbre jurídica y por la titubeante
actuación de una institución que, en teoría, debiera conducirse como un árbitro firme y dispuesto
a hacer valer la ley.
Es ése, en todo caso, un problema de ineficiencia, ineptitud o negligencia de difícil ponderación
para efectos de evaluar la gestión pública de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con el
mandato de ley. Es decir, en este país se castigan los errores o abusos cometidos por los
servidores públicos respecto de actos o decisiones que puedan verse, medirse o cuantificarse,
pero no hay, realmente, un mecanismo que castigue con severidad y precisión la negligencia, la
falta de actuación y la no toma de decisiones.
Viene a cuento todo esto porque se tiene un caso realmente patético, en el que queda en
evidencia la manera en que se desperdician importantes cantidades del presupuesto federal en
oficinas que, de plano, no llevan al cabo las tareas que les han sido encomendadas. Se trata de la
Dirección General de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico de Cofetel, área que fue diseñada y
articulada para cumplir, como su nombre lo indica, con los procedimientos de licitación previstos
por la ley para la concesión del uso, aprovechamiento y explotación de frecuencias, y que
depende de la Coordinación General Ejecutiva de la misma institución.
Pues resulta que esa Dirección General de Licitaciones no ha concretado una sola licitación de
frecuencias o de posiciones orbitales para comunicación satelital en todo lo que va de la presente
administración. Es decir, han transcurrido 28 meses y medio sin que cristalice un solo
procedimiento, con el consecuente perjuicio que se causa a las industrias que requieren de
capacidad adicional de espectro para la prestación de sus servicios y con el efecto negativo
natural que, en materia de inversiones, trae esa falta de actuación de la autoridad.
Más aún. El proceso al que convocó esa área, en noviembre del año pasado, para la realización de
estudios que permitieran valuar la posición orbital 77º oeste y fijar la postura mínima en una
eventual subasta, se ha conducido con tal cúmulo de irregularidades y de actuaciones ilegales
que la Secretaría de la Función Pública ha ordenado ya la instrumentación de medidas
disciplinarias contra los servidores públicos responsables, sin perjuicio de otras consecuencias de
carácter civil y penal que de lo mismo podrían derivar. Claro está que, entre más tiempo pase sin
que se asigne dicha posición orbital, el riesgo de que México pierda sus derechos de
coordinación crece y el valor económico de esa privilegiada posición para efectos de una posible
licitación se reduce.
Lo grave de todo esto es que esa Dirección General de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico le
ha significado a Cofetel un costo de alrededor de 525 mil pesos mensuales, lo que representa una
erogación anual de aproximadamente 6 millones 300 mil pesos. Tan sólo el sueldo del Director
General del área, Gerardo Flores Ramírez, es de alrededor de 130 mil pesos mensuales mientras
que por la sala de subastas que, hasta el mes de diciembre pasado, tenía rentada la Comisión en
el edificio de Alisos, en Bosques de las Lomas, en un área de 616 metros cuadrados, se pagaron
135 mil pesos mensuales a lo largo de dos años, insisto, sin llevar al cabo una sola licitación.
Pregunto: ¿no es ésta una forma diferente pero igualmente reprobable de causar un daño
patrimonial al Estado? Además de las inversiones que no se generan por la determinación de no
hacer más licitaciones de espectro que requiere la industria para expandir sus servicios, no se
vale destinar el dinero de los contribuyentes para sostener toda una estructura de recursos
humanos y la ocupación de instalaciones que no se utilizan sin cumplir con la responsabilidad
que le ha sido encomendada. Como lo leyeron: 6 millones 300 mil pesos anuales para pagar un
área de licitaciones que, simplemente, no hace licitaciones.
No extraña pues, en ese contexto, que exista ya un mercado negro de concesiones y hasta de
trámites, ante la falta de voluntad para hacer las cosas, tomar decisiones y cumplir con su trabajo.
El reciente caso de la denuncia presentada ante la SCT en contra de dos abogados de apellidos
Sosa y García Herrera, conocidos aunque no reconocidos en el sector, por supuestas prácticas
profesionales indebidas a través de auténticos chantajes que tendrían que ver con las gestiones
que llevan en la Cofetel, de ser cierta y procedente, nos mostraría una novedosa expresión de la
corrupción. Qué bueno que la Secretaría haya girado instrucciones de inmediato para investigar
este caso y que la nueva Secretaría de la Función Pública esté haciendo lo propio, pues se trata
de un tema del dominio público que no debe ignorarse.
Es así, ejerciendo un gasto público que no se desquita y alargando indebidamente
procedimientos concesionarios que abren espacios al mercado negro, que la Cofetel está
atravesando peligrosamente el umbral que divide la ineficiencia y la ineptitud de la negligencia y
su consecuente daño patrimonial al Estado. Debe la Secretaría, por el bien del sector, tomar las
medidas pertinentes. Aún está a tiempo.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/30510.html